casta parasitaria

  Escrito por Javier Giral Palasí 

Durante un período de tiempo este servidor que escribe, fue invitado a participar en la tertulia de radio del periodista y ensayista Enrique de Diego, primero en el grupo Intereconomía y después en otro medio, por aquel entonces yo utilizaba otro nombre. Este periodista, de tendencia liberal-conservadora, solía utilizar recurrentemente la frase de “la casta parasitaria que expolia a las clases medias” refiriéndose a la clase política. Hablo del año 2011 y 2012, y entonces todavía no existía el partido Podemos que después ha popularizado lo de “la casta política”, aunque las coincidencias acaben aquí. Para el populista Pablo Iglesias que se dio a conocer para el gran público a partir de 2014, la casta política entra dentro de su idea de la lucha de clases marxista, dice querer traer la auténtica democracia al pueblo pero no deja de ser poco creíble que un comunista tan sectario lo vaya a hacer, de hecho hasta ahora sólo ha demostrado tener interés real en controlar los resortes del poder (CNI, Interior, TV, etc) si llega al gobierno con el PSOE;  y su solución a los problemas generales de los españoles y como buen izquierdista que es, se basa en aumentar el gasto y aumentar los impuestos del ya gigantesco estado. Algo totalmente contrario a las reformas que el liberal Enrique de Diego puso por escrito en, por ejemplo, El Manifiesto de las Clases Medias de 2007, tras estudiar acertadamente cómo surgió la partitocracia o casta política en España y qué era necesario reformar. Entre los diferentes libros que podíamos citar también de Enrique de Diego bastaría con Casta Parasitaria. La Transición como Desastre Nacional para ilustrarnos perfectamente sobre este tema.

  En una línea de análisis similar habría que recordar también al veterano pensador  Antonio García Trevijano, quien además de señalar que vivimos en una partitocracia, explica que en la Transición no hubo una cesión real de poder al pueblo, sino del franquismo a la “oligarquía de partidos estatales”, y a través de plebiscitos en que todo estaba ya cerrado y negociado por la naciente clase política, encabezada por la jefatura del estado encarnada en Juan Carlos de Borbón. De hecho los máximos responsables de haber creado el estado partitocrático son Juan Carlos de Borbón y el presidente Suárez, aunque nos hayan vendido que aquello fue una proeza digna de los “últimos de Filipinas”. Los gobiernos que vinieron después lejos de reformar los dislates de la Transición, incidieron en desarrollarlos en su conveniencia y nunca movidos por las ansias de democracia ni de justicia.

  Ciertamente la monarquía fue instaurada que no restaurada por Franco que se saltó la línea sucesora, porque así lo quiso el Caudillo y porque Juan Carlos traicionó a su padre Don Juan de Borbón al aceptar ser el sucesor de Franco a título de rey. Don Juan de Borbón al parecer sí era partidario de que se produjera un referéndum sobre monarquía o república, pero Juan Carlos de Borbón prefirió comprar voluntades en la búsqueda de asegurarse un trono sin sobresaltos, y el truco ha funcionado durante décadas, pero hasta ahora que el régimen del 78 encuentra sus importantes grietas.

contra bien

   En 1974 Utrera Molina avisó a Franco de que el príncipe Juan Carlos iba a traicionar a los Principios del Movimiento en cuanto llegase al poder y lo iba a cambiar todo, pero al parecer ya era tarde para dar marcha atrás y Franco tampoco quiso creer que fuera a producirse tan fácilmente el desguace total del régimen porque aseveró que existían “leyes y juramentos”.

  En realidad Juan Carlos de Borbón en 1975 no tenía la opción de ser simplemente el sucesor de Franco, y era consciente de que carecía de legitimidad, ni siquiera era popular entre los sectores franquistas, no era la figura heroica de Franco que había ganado una guerra, y la única posibilidad que tenía para legitimar su monarquía era que comprase el beneplácito de la izquierda  y del separatismo. Por tanto su línea política va a ser la de la continua cesión para evitar ese referéndum entre monarquía o república.

  En las negociaciones que se produjeron antes y durante la Transición, el rey contaba con la fuerza del ejército, además de la designación de Franco y su testamento que fue leído en TV por Arias Navarro y que indicaba a los sectores conservadores del país que “perseveréis en la unidad y en la paz y que rodeéis al futuro Rey de España, don Juan Carlos de Borbón, del mismo afecto y lealtad que a mí me habéis brindado y le prestéis, en todo momento, el mismo apoyo de colaboración que de vosotros he tenido”.

  Las amplias cesiones que se producirán en la Transición provocará que surja una nueva profesión: la del político profesional.  Ya no es necesario que se tenga currículo laboral, a partir de ahora bastará con militar en un partido político, en ser el más arribista y adulador con quien depende tu elección a dedo, ya que no existirá un funcionamiento democrático dentro de los partidos políticos ni tampoco listas abiertas para que los electores elijan directamente a la persona que crean más idónea para representarlos.

  España pasará con la Transición de tener una clase política mínima a tener medio millón de miembros, con el senado, las diputaciones y el parlamento, a lo que se añadirá el Estado autonómico para satisfacer a los nacionalistas, y la parlamentarización de  los ayuntamientos, y sin acudir a la elección directa en ningún caso. Los partidos políticos se convertirán en oficinas de colocación que tendrán como principales objetivos: 1. Obtener mayor botín electoral o bolsa de empleo y 2. Obtener mayor presupuesto para su partido y las administraciones que controlan.

  La naciente casta política se ocupará de poner diferentes trabas al funcionamiento democrático en el diseño de la ley electoral que, por presiones de los socialistas, será proporcional para que gire en torno a un bipartidismo que haga difícil a un tercer partido político despuntar en número de escaños, se trata de la denominada ley d´ Hondt. También por presiones de los nacionalistas no habrá una sola circunscripción electoral en el país sino una en cada provincia, lo que facilitará el mayor número de escaños en el parlamento español de esos partidos que tienen concentrado su voto en algunas provincias, algo que será lesivo para los gobiernos en minoría de Madrid y los intereses generales de la nación, ya que tendrán que pagar peaje a los nacionalistas en forma de traspaso de competencia y partidas presupuestarias de forma repetida hasta dejar al estado central en una mínima caricatura.

  La política de continua cesión al nacionalismo durante la Transición hará también que se incluyan en la Constitución de 1978, algunos artículos como por ejemplo el 150.2, por el que cualquier competencia podrá ser transferida a las autonomías por el gobierno de España, que es definida en esa misma Constitución como una “nación indivisible de nacionalidades”, algo obviamente contradictorio.

  En el transcurso de los años de experiencia democrática la clase política se irá profesionalizando y la corrupción irá depurando a los políticos honrados. Por ejemplo, uno de los primeros escándalos de corrupción que hubo en democracia se produjo por la denuncia del socialista y teniente de alcalde, D. Alonso Puerta en cuanto a la contrata de basuras del ayuntamiento de Madrid, la respuesta del PSOE fue expulsar del partido a Alonso Puerta. Otro escándalo que sucederá más tarde en el PP, es la denuncia de José Luis Peñas sobre el caso Gürtel, la respuesta del partido será su expulsión.

  La clase política convertida en casta se hará vitalicia y recurrentemente hereditaria, puesto que muchos de sus familiares irán heredando diferentes cargos en el partido o serán colocados en la administración. El primer caso escandaloso de nepotismo fue el de los hermanos Guerra del PSOE, pero ha sido la tónica general de todos los partidos desde el parlamento al ayuntamiento más pequeño. Resulta gracioso que la izquierda para no creer en la institución familiar siempre se haya ocupado de colocarla.

  Este crecimiento exponencial de la casta política ha ido creando un estado elefantiásico que a su vez reclama más recursos para su funcionamiento y su corrupción, es decir, una mayor presión fiscal con el objetivo de mantener los privilegios de la casta política, cargando  sobre las espaldas del contribuyente la subida constante de todo tipo de impuestos, tasas y gravámenes, en contraste con la administración franquista que se caracterizaba por su baja fiscalidad y porque no existía impuestos como el IVA o el IRPF. Esta partitocracia se verá obligada a recortar pero sólo en períodos de crisis y lo hará en cuanto a las prestaciones en beneficio de las clases medias y populares, pero nunca ha estado dispuesta a recortarse a sí misma, ni a su chiringuito del Estado autonómico ni a sus demás abrevaderos dentro de la enorme administración del derroche continuo. Y a pesar de los recortes, y como la casta no está dispuesta a recortarse, la deuda del estado ha superado ya el 100% del PIB y crece sin parar, después de sangrar a los españoles a impuestos no les llega el dinero y acuden a los mercados emitiendo continuamente más deuda. Por el mismo motivo, y con excusas liberalizadoras, la partitocracia durante las 2 primeras décadas fue vendiendo el patrimonio industrial del INI, heredado del estado franquista y así aliviar la deuda del estado.

  Hasta 2013 nos hemos encontrado con hasta 300 imputados por casos de corrupción política en los juzgados, pero sin que ninguno llegase a pisar la cárcel; y cuando algún juez despistado ha condenado a algún dirigente político, los indultos de los diferentes gobiernos se han rápidamente otorgado. La casta política además de hacerse vitalicia y hereditaria se hará impune a la justicia. Sin olvidar que en España hay 10.000 aforados que cuentan con privilegios judiciales, cuando en Francia sólo hay 21 y en Alemania, EE.UU, Reino Unido no hay ninguno. Si algún político español ha de enfrentarse a un juzgado, al estar aforado lo hará pero ante el tribunal Supremo cuyos cargos son elegidos por los políticos, como sucede con el Constitucional y gracias a la reforma que hizo el PSOE en 1985 y apuntalada después por todos los gobiernos hasta llegar al de Mariano Rajoy.

  A su vez los medios de comunicación serán férreamente controlados por la partitocracia a través de la concesión de licencias y el otorgamiento de la publicidad institucional. Estos medios de comunicación habrán de circular en torno a uno de los partidos del bipartidismo, o de la casta nacionalista y autonómica, y no habrán de cuestionar sus privilegios o de lo contrario quedarán en la marginalidad.

    La vorágine depredadora de la partitocracia será también el motivo del hundimiento de las cajas de ahorro, que pasaron a estar dirigidas por cargos políticos, también a partir de 1985 y durante la etapa del socialismo felipista. Se equivocan quienes hablan del rescate de la banca con el dinero público del BCE, porque en realidad lo que se ha rescatado son las quebradas cajas de ahorro dirigidas por la casta política y que era lo más cercano a una banca pública, ya que las cajas de ahorro han sido utilizadas para financiar todos los grandes proyectos de las administraciones por disparatados que fueran,  pero que eran una fantástica oportunidad para el cobro de delictivas comisiones. El rescate de las cajas de ahorro ha obligado en 2012 al gobierno del PP a sacar un decreto ley para expulsar de los consejos de administración a los políticos, obligado por el requerimiento de la Unión Europea y como condición sine qua non para prestar el dinero de su rescate.

  Este es el análisis general perfectamente válido hasta la crisis económica y el ascenso de nuevos partidos políticos en 2014, como el reformista Ciudadanos y el populista-marxista de Podemos. Actualmente sigue siendo un análisis válido, pero añadiendo el matiz que ambas circunstancias citadas han obligado a la partitocracia a parecer que hace algo contra la corrupción, los privilegios y la mala gestión, y hemos visto incluso como algún chivo expiatorio ha sido encarcelado a bombo y platillo, en directo y ante los medios de comunicación.

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